El gobernador de Río, Cláudio Castro, calificó la incursión como un «éxito» y afirmó que el estado está «solo en la lucha» contra el crimen
Tras la masacre de Río, arrecia el debate sobre la seguridad-. La megaoperación contra el Comando Vermelho en el Complexo do Alemão se convirtió en la más sangrienta de la historia reciente de Brasil, con más de 100 muertos, superando incluso la masacre de Carandiru en 1992.
Repitió una fórmula conocida: enfrentar el crimen organizado desde una lógica territorial. Se produjo 15 años después de que la policía entrara en la misma comunidad con la promesa de erradicar el narcotráfico, un objetivo que, claramente, no se logró. Y puso en evidencia las diferentes posturas políticas sobre la gestión de la seguridad pública en Brasil.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, calificó la incursión como un «éxito» y afirmó que el estado está «solo en la lucha» contra el crimen. Según él, el Gobierno federal ha negado apoyo logístico en operaciones anteriores. Su secretario de Seguridad, Victor Santos, declaró que Río vive en un «estado de guerra».
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El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, respondió que la seguridad pública es responsabilidad «exclusiva» de los gobernadores, de acuerdo con la Constitución. «Combatir el crimen requiere planificación, inteligencia y coordinación de fuerzas», afirmó.
Gobierno apuesta por Enmienda de Seguridad y ley «antibandas»
El Gobierno federal impulsa una Enmienda Constitucional (PEC) para ampliar sus competencias en seguridad. La propuesta busca constitucionalizar el Sistema Único de Seguridad Pública (SUSP), fortalecer la inteligencia y coordinar acciones nacionales.
«La PEC busca dar forma y normatividad a fuerzas que hoy operan de forma fragmentada y, en ocasiones, fuera de los protocolos, como vimos ayer en Río de Janeiro», explica Maldonado. Sin embargo, enfrenta resistencia de Gobiernos estatales, que la ven como una amenaza a su autonomía.
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El ministro Lewandowski, que admite que la PEC es «solo un intento de organizar el juego», presentó la semana pasada un proyecto de ley «antibandas», que tipifica la «organización criminal calificada», endurece penas cuando existe control territorial, amplía facultades de la Fiscalía para iniciar investigaciones, permite a la policía crear empresas ficticias con tal fin y crea una base de datos nacional de organizaciones criminales.
Pero «las pandillas en Brasil nacieron, se fortalecieron y se expandieron dentro y a través del sistema penitenciario. Incrementar las penas y crear nuevos tipos de delitos no rompe con esta lógica», advierte Maldonado.
EO//Con información de: DW