Opinar es una función necesaria. Sin ella las decisiones desde el poder serían el reino de la opresión. Los poderes públicos tienen atribuciones establecidas en la Constitución
Reclamamos una amnistía política general. Queremos vivir sin presos políticos. En democracia se debate sin cortapisas, sin censura. Se juzgan las opiniones y acciones de todos los sectores. Opinar es un derecho. La gente se expresa sobre asuntos que le afectan y quienes toman decisiones públicas han de estar conscientes que sus actos serán protestados por quienes se sientan perjudicados, quienes presionarán en contra de la decisión tenida como dañina a fin de lograr su corrección o eliminación. De eso se trata el debate en democracia. Opinar es una función necesaria. Sin ella las decisiones desde el poder serían el reino de la opresión. Los poderes públicos tienen atribuciones establecidas en la Constitución, pero no están exentos de las reacciones de la colectividad. Los titulares de los poderes públicos viven en comunidad, no en una burbuja en la que todo cuanto hagan, por legal que pueda ser, tiene que ser aceptado como conveniente por los ciudadanos. No basta con la constitucionalidad o legalidad de una decisión para ser aceptada por el colectivo y ser legítima. El debate es el tribunal de la democracia. Denunciar y hacer campaña contra una irregularidad no es un delito. Protestar un funcionario no es delito. Reclamar abusos de poder no es delito. Denunciar la corrupción no es un delito. Opinar críticamente del poder no es delito. Los ciudadanos presos por esas razones deben estar en libertad. Penar a dirigentes sindicales por reclamar sus derechos, por denunciar al patrono violador de las leyes, por protestar acciones represivas contra trabajadores que levantaron la voz a favor de sus derechos, son acciones antidemocráticas, injustas e ilegales. La prisión impuesta a esos venezolanos debe cesar. Para eso esta amnistía que reclamamos.
Asociarse es el primer mecanismo de protección del individuo. Asociarse en centros de estudiantes para defender la calidad de la educación. Asociarse en sindicatos para proteger el salario y los contratos colectivos. Asociarse en consejos comunales para reclamar servicios públicos dignos. Asociarse en iglesias para el libre culto religioso. Asociarse en cámaras de comercio e industrias para proteger la propiedad y el derecho a libertad económica. Asociarse en partidos políticos para accionar en beneficio de programas y leyes que se consideran justas. Cada ciudadano está en el derecho de escoger sus compañeros y aliados en esos propósitos. Es una decisión privada de cada uno en su lucha por el bien común, ante lo que el Estado no debe interferir. Prohibir iglesias, asociaciones empresariales, sindicatos, partidos políticos, u obstruir el trabajo de ellos, es un abuso de poder, es un delito contra la democracia. Ningún consejo comunal no reconocido, sindicato desconocido o partido político ilegalizado debe estar bajo esa condición. De eso se trata esta amnistía. La figura de los partidos judicializados es uno de los grandes pasivos del modelo político actual. La gente tiene el derecho de asociarse con quien quiera y ninguna traba para ello debe ser puesta desde el poder. Todas las organizaciones deben tener campo abierto para actuar conforme a la Constitución y a las leyes. Los tribunales tienen que sacar sus manos de los partidos, a la vez que deben dejar de ser manipulados por facciones partidistas. Resolver la confusión de ese laberinto es también reto de esta amnistía política.
La discrecionalidad de inhabilitar a dirigentes políticos como candidatos a cargos de elección popular es uno de los atropellos más grotescos en la Venezuela de hoy. Es un vulgar golpe bajo contra un adversario. Es un alimento a la conflictividad permanente que ha descompuesto el ejercicio de la política para hacer del debate público una vacía y peligrosa confrontación de los extremos, que en nada beneficia el clima de sosiego que las inversiones económicas y la vida en sociedad reclaman. El conflicto por el conflicto, segregar al adversario, hacer sentir a los propios seguidores que la convivencia con “esos otros” es inadmisible moral y políticamente, lograr el exterminio del contrario, son los antivalores fortalecidos con esas medidas que desconocen la Constitución Nacional que en su artículo 65 establece esas inhabilitaciones para quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público. El uso de inhabilitaciones amañadas debe ser eliminado. De eso se trata esta amnistía, del pleno ejercicio de los derechos políticos de todos los venezolanos.
Los venezolanos padecemos terriblemente el abuso de poder de potencias extranjeras que niegan a nuestro país el derecho humano fundamental del libre comercio. En eso han tenido de socios a una élite política local cuya estrategia ha sido el agravamiento de la crisis. Su plan ha consistido en asfixiar a Venezuela, que no ingrese ni un dólar por venta de petróleo o de gas, así el gobierno pierde toda capacidad de respuesta ante los reclamos colectivos, lo que lleva al crecimiento del descontento, lo que a su vez desencadenaría una implosión social que depondría al gobierno. Han buscado el poder a costa de la ruina del país. Llevan años en eso. Controlaron la Asamblea Nacional y mantuvieron con sus socios extranjeros una fantasiosa, inconstitucional y dañina presidencia provisoria o interina que resultó una pesada lesión a la soberanía nacional. Ese grupo político debe detener sus acciones destructivas y levantar la voz para que cese el bloqueo que hoy utilizan como mecanismo de negociación. El bloqueo económico lesiona a Venezuela, pero los mantiene vigentes como el otro extremo con el que el gobierno está obligado a negociar. Un cruel acto de cinismo antivenezolanista disfrazado de “enérgica oposición”. La amnistía general que planteamos reclama el rechazo del bloqueo por todos los sectores políticos del país.
La amnistía política que proponemos es una solución. No es cierto que para resolver la terrible crisis que padecemos haya que cruzarse de brazos y esperar el resultado de las elecciones de 2024. Tenemos la obligación de actuar todos los días, desde gobierno y oposición, en beneficio de Venezuela. Levantamos las banderas de la amnistía política general en beneficio de la economía, de la paz social, de la calidad de vida, de la democracia, aunque sabemos de las dificultades para alcanzarla, entre otras la existencia de factores extremos que necesitan, como el pez al agua, del conflicto perpetuo, el odio y la venganza para sobrevivir políticamente. Ellos son los que están sobrando.
Por: Claudio Fermín
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