El Ministerio Público acusa al club azulgrana, además de a sus expresidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, de un delito continuado de corrupción en los negocios y otro de administración desleal.
Oficial: la Fiscalía denuncia al Barça, Bartomeu y Rosell. Ya es oficial. La Fiscalía ha denunciado el caso Enríquez Negreira ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. El Ministerio Público, que estaba ultimando en los últimos días su escrito, lo ha formalizado este viernes y acusa como persona jurídica al club, y también a los ex presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu por un delito continuado de corrupción en los negocios, en su modalidad de fraude deportivo, otro de administración desleal y, por último, falsedad en documento mercantil. También son acusados dos ex ejecutivos del club Albert Soler y Óscar Grau.
Según consta en la denuncia, el Barcelona, a través de los ex presidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu alcanzó un acuerdo con Enríquez Negreira “a fin de que, en su calidad de Vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Club, y así en los resultados de las competiciones; árbitros cuya designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional se llevan a cabo en el seno del CTA, organismo encargado, además, de las evaluaciones –en las que participaba el denunciado- para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de la proposición de candidatos a árbitros internacionales”.
En el texto figura que la empresa de Enríquez giró “facturas que fueron presentadas al cobro ante el FCB sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real”.
Fue una inspección fiscal la que sacó a luz los pagos. Fue entonces cuando requirió al Barcelona “copia de los vídeos, documentos o informes en los que se concretaron los trabajos de asesoramiento específico. La respuesta del FCB fue que no se había encontrado la documentación requerida”.
La legislación prevé penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel por corrupción; y seis meses y tres años por la administración desleal que deberían afrontar los ex directivos sin son condenados. En el caso del Barça, el código penal establece que las entidades condenadas por corrupción entre particulares deben pagar una multa. Según informó La Vanguardia este viernes, el código penal establece, en casos extremos, el descenso de categoría e incluso la disolución de la entidad. Para acreditar corrupción, debería probarse que el club pagó de manera continuada a Negreira (de 2001 a 2018) con la intención de alterar la competición.
Otro asunto es el de la administración desleal. El Barça deberá justificar los 1,4 millones de euros que pagó al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros por unos supuestos informes arbitrales (también de jugadores según el comunicado que hizo público el Barça a raíz de las primeras informaciones sobre el caso). Esos pagos aumentaron a siete millones en el arco que va entre 2001 y 2018.
La Ley del Deporte y el reglamento de la FEF establecen que las infracciones graves (este sería el caso si se demostrase) prescriben a los tres años, por lo que, admitiendo que la investigación se centra entre los años 2016 y 2018, no habría consecuencias.
Otra cosa es el ámbito internacional. El reglamento de la UEFA establece que un club que quiera participar en sus competiciones no puede haber estado implicado en “ninguna actividad destinada a organizar o influir en el resultado de un partido nacional o internacional”. Aunque la UEFA considera que no puede sancionar, sí puede decidir no invitar al Barça a sus competiciones. El caso Enríquez Negreira avanza peligrosamente para el Barça.
Síguenos a través de: Instagram: elorientaldemonagas Youtube: El Oriental De Monagas Facebook: Diario El Oriental Twitter: @elorientalmon