Delcy Rodríguez solicitó optimizar los procesos legales en concordancia con el nuevo ciclo político que vive el país
La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, propone una transformación profunda de las estructuras judiciales del país para garantizar la transparencia y la justicia. Durante el balance de los primeros 100 días del Programa por la Convivencia Democrática y la Paz, la mandataria informa que solicitó formalmente al Tribunal Supremo de Justicia un reformateo organizativo.
Esta medida busca depurar las instituciones y optimizar los procesos legales en concordancia con el nuevo ciclo político que vive la nación.
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El anuncio incluye la convocatoria a una gran consulta nacional para establecer un nuevo sistema de justicia penal en Venezuela. Rodríguez enfatiza que la participación de diversos sectores resulta vital para diseñar un marco jurídico que responda a las realidades actuales del pueblo.
Esta iniciativa surge como un paso necesario para consolidar la estabilidad institucional y asegurar que los mecanismos legales sirvan exclusivamente al propósito de la paz y el bienestar ciudadano.
La mandataria en funciones defiende la validez de la Ley de Amnistía, instrumento que beneficia a más de 9.000 personas como parte del esfuerzo por el reencuentro nacional. Sin embargo, denuncia con firmeza la existencia de irregularidades y actos de corrupción por parte de algunos funcionarios judiciales.
Rodríguez revela que posee información sobre jueces que intentan lucrarse con la aplicación de este beneficio legal, por lo cual exige acciones inmediatas y sanciones ejemplares contra los responsables.
«He pedido actuación por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía», asevera la presidenta encargada, subrayando que tales prácticas traicionan el espíritu de tolerancia del programa de convivencia. El Ejecutivo nacional ratifica que no permitirá que conductas individuales empañen una política de Estado diseñada para la sanación del tejido social. La denuncia pública funciona como una advertencia clara sobre la tolerancia cero frente al manejo indebido de los instrumentos de gracia.
El nuevo sistema de justicia penal proyectado por el Gobierno Bolivariano busca canalizar los delitos exceptuados en la amnistía a través de programas de reinserción y diálogo. La presidenta encargada explica que la violencia política requiere un tratamiento especializado que combine la firmeza legal con los principios de la convivencia democrática.
El objetivo central reside en evitar la impunidad mientras se ofrecen caminos reales para la reconciliación y el respeto a la Constitución.
Este proceso de reforma integral marca una hoja de ruta clara para el fortalecimiento del Poder Judicial en los próximos meses. Con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia y el impulso de la consulta popular, el Estado venezolano aspira a edificar una estructura penal más humana, eficiente y libre de vicios.
La gestión de Delcy Rodríguez reafirma así que la justicia constituye el pilar fundamental para sostener la paz duradera en toda la geografía nacional.
EO// Con información de: Últimas Noticias